Derechos de personas con Discapacidad

Las personas con discapacidad pueden defenderse a sí mismas. Cuando estimen que han sido víctimas de un trato discriminatorio, tienen la posibilidad de denunciarlo para intentar subsanar la situación que lo creó.

Con este objetivo, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha publicado una segunda edición de la “Guía para la autodefensa de las personas con discapacidad”, con información actualizada y ampliada.

Personas con discapacidad: cómo autodefenderse

Las personas con discapacidad son proactivas en la defensa de sus derechos. Denuncian las situaciones de discriminación que les afectan y reclaman los cambios oportunos para que no se repitan. La unión hace la fuerza y por ello se recurre a menudo a ella. Sin embargo, cada persona, de manera individual, puede tener un papel activo si se defiende a sí misma.

Las personas con discapacidad deben reclamar de manera clara y cortés, recopilar información, pedir ayuda y reconocer las equivocaciones

En la citada guía, el CERMI enmarca la autodefensa en un proceso mediante el cual las personas con discapacidad “hablan por sí mismas, por los derechos individuales y en contra de la discriminación”. Reconoce que el proceso de autodefensa puede ser largo y requiere dedicación, pese a que “el resultado final no sea exactamente el esperado”. Sin embargo, recalca que cualquier esfuerzo siempre es positivo y, a partir de esta idea, se consiguen los cambios.

Un aspecto fundamental que se recoge en la guía es la necesidad de ser asertivo en vez agresivo. Esto significa: ser franco y directo, presentar las necesidades de forma clara, firme y cortés, escuchar a otros y respetar sus opiniones, recopilar la información necesaria para tomar decisiones propias, pedir ayuda cuando se necesite y reconocer las equivocaciones.

Autodefenderse en seis pasos

En cuanto a los pasos precisos que se deben dar si se siente que por algún motivo se ha sido víctima de una discriminación, son los siguientes:

Lo primero es identificar de manera clara la actitud, acción o circunstancia que se considera discriminatoria. Una prueba de que esto es así es considerar si este mismo caso es más favorable a una persona sin discapacidad. La discriminación puede afectar tanto a la propia persona con discapacidad como a una persona sin discapacidad, pero con un familiar en esa situación.

Informarse de las leyes y normas que se podrían incumplir por lo sucedido. Estos reglamentos pueden ser tanto de ámbito estatal, como autonómico o local. Lo fundamental es saber que todas las personas tienen los mismos derechos, aunque hay leyes específicas para hacer cumplir el derecho a la igualdad de oportunidades.

Identificar los recursos disponibles y utilizarlos para defenderse. En este caso, se recomienda acudir en primer lugar a la persona que es responsable directa y, por lo tanto, tiene capacidad para resolverla. La reclamación ha de presentarse por escrito, con los datos de quien la realiza, y quedarse con una copia de la misma.

Pedir asesoramiento a las organizaciones que representen a las personas con discapacidad y a sus familias, o bien contactar con otras personas en la misma situación.

Difundir lo ocurrido para que la opinión pública lo conozca. Según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, entre otras consecuencias, esto supone a menudo obtener apoyo social por parte de las personas que lo conocen. Como propuestas, se aconseja incluso difundir lo ocurrido a través de los medios de comunicación y en las redes sociales.

Ser persistente, es decir, realizar un seguimiento del caso tanto por teléfono, como mediante reuniones o por correo.

Dónde presentar una reclamación

Las personas con discapacidad o los familiares que quieran presentar una reclamación cuentan con varios órganos a los que dirigirse. Los recursos extrajudiciales a los que pueden acudir son los siguientes:

Oficina Permanente Especializada. Pertenece al Consejo Nacional de Discapacidad, tiene potestad para conocer y emitir informes que no son vinculantes, aunque sirven “para difundir y visibilizar las situaciones de discriminación que ocurran”, detalla el CERMI.

El Defensor del Pueblo. Admite quejas individuales y colectivas, siempre que la conducta discriminatoria parta de las Administraciones Públicas y se vulneren derechos reconocidos en la Constitución.

Sistema de Arbitraje en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación. Al ser un sistema voluntario, requiere que ambas partes estén de acuerdo en dirimir el conflicto mediante esta vía.

Sistema de Infracciones de la LIONDAU. Este sistema atiende incumplimientos de las obligaciones derivadas de la Ley de Igualdad, No Discriminación y Accesibilidad Universal (LIONDAU). Se establecen infracciones y sanciones tanto para particulares como para personas jurídicas que infrinjan el principio de no discriminación.

Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social. Los trabajadores con discapacidad pueden acudir a este organismo si consideran que reciben un trato menos favorable, se sienten acosados por razón de discapacidad o creen que no se han garantizado las medidas de accesibilidad en las pruebas de selección.

Respecto a los recursos judiciales para defender sus derechos, las personas con discapacidad cuentan con el Ministerio Fiscal, que interviene en los procesos penales, en los procesos de modificación de la capacidad de obrar y, en general, ante la violación de un derecho fundamental. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad recuerda, además, las medidas de carácter judicial que protegen a quienes son objeto de discriminación por razón de discapacidad. Estas son la justicia gratuita y la inversión de la carga de la prueba (la parte demandada presenta pruebas que demuestren que su conducta no fue discriminatoria).

Otros organismos en los que se puede denunciar son la Inspección General de Servicios en la Administración General del Estado (AGE), el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, el servicio de inspección educativa, e incluso, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España -que cuenta con una Comisión de Quejas y Deontología- y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. La guía editada por el CERMI explica de manera detallada cómo presentar las correspondientes quejas y modelos de denuncia.